"Se están quedando encerradas en sus casas sin un futuro": el drama de las personas con discapacidad afectadas por las políticas de Milei en Argentina

Fuente de la imagen, Gentileza Valentina Bassi
- Autor, Matías Zibell
- Título del autor, BBC News Mundo
- Fecha de publicación
- Tiempo de lectura: 10 min
Acostumbrada a pelear por los derechos de su hijo con discapacidad durante diferentes gobiernos argentinos, Valentina Bassi recuerda perfectamente cuándo supo que con Javier Milei iba a ser distinto, iba a ser peor.
"Arrancaron con un ataque muy degradante, sacaron una resolución para tramitar las pensiones (por invalidez laboral) donde las personas con discapacidad eran denominadas 'idiotas', 'imbéciles', 'débiles mentales' o 'fronterizos'".
La resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada el 14 de enero de 2025 en el Boletín Oficial, generó tanta controversia que la agencia estatal debió dar marcha atrás después de considerarla "un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta".
"Yo pensé que era una fake (noticia falsa) porque no podía creer tanta desfachatez. Según las características, mi hijo entraba en la categoría 'imbécil'. Entonces, si querría pedir una pensión, tendría que ir y decirle al médico que lo anote como imbécil", le dice Bassi a BBC News Mundo desde Buenos Aires.
Pero la confrontación no quedó solo en denominaciones, sino que se extendió a todo el sistema de asignación de pensiones por discapacidad y al dinero que recibían centros de cuidado, escuelas especiales, terapeutas y transportistas de personas con discapacidad.
Para Bassi, toda esta red de cuidado de su hijo con autismo y otras miles de personas como él ha quedado "desmantelada".
Por eso, toda su atención está puesta este jueves en el Senado argentino donde se vota el proyecto denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", en el que el gobierno libertario aceptó muchos de los reclamos de las personas con discapacidad, sus familiares y los prestadores de servicios de este sector.
El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados —días antes de la llegada del León XIV al país— y ahora se apresta a convertirse en ley en la cámara alta, días después de la partida del Papa.
Durante sus días en Argentina, el pontífice visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, una residencia de atención integral a personas con discapacidad. Allí dijo que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a las personas con discapacidades y necesidades especiales".
Pero si la presencia del Papa y la presión de la Iglesia católica fueron fundamentales para que el oficialismo aceptara discutir las demandas de este colectivo, también lo fue la constante presencia —en las calles, los medios de comunicación y el mismo Congreso— de familiares, cuidadores y personas con discapacidad.

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"El año pasado esto que ocurrió ahora era impensable", le dice a BBC News Mundo Bassi y añade: "Cuando se discutió la ley de emergencia en discapacidad (en 2025) los legisladores oficialistas no iban a las reuniones de comisión; si iban, no hablaban: si hablaban, eran agresivos, y ahora están ahí, hablando nuestro lenguaje: la compatibilidad de trabajo y pensión, el nomenclador único irrefutable".
Bassi explica que, de convertirse en ley, falta aún que el Poder Ejecutivo la implemente, pero destaca que tanto ella como otros familiares podrían contar con esta herramienta para ir a la Justicia en caso de que el gobierno no cumpla con lo que dice la nueva legislación.
Una ley y un nomenclador
Valentina Bassi se volvió una de las voceras de los familiares de personas con discapacidad no solo por su experiencia como madre de un joven con autismo, sino también porque tenía un rol público antes de la llegada de su hijo a su vida.
Bassi es una de las actrices más conocidas en Argentina desde que debutó en el cine en 1993, a sus 20 años, en la película "El caso María Soledad", basada en la historia real de la joven violada y asesinada en la provincia argentina de Catamarca.
El diagnóstico de autismo de su hijo Lisandro no la retiró de la actuación, pero la sumergió en un mundo de terapias, leyes y conceptos como "nomenclador único" o "CUD" (certificado único de discapacidad).
"Uno está muy vulnerable en ese momento porque está muy desorientado, entre trámites y papeles. Yo me agarraba la cabeza porque me estaban prescribiendo un montón de terapias y tengo una obra social muy chiquita, que es la de los actores", dice.
Entonces supo de la ley 24.901.

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Aprobada en 1997, esta norma establece que "las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión" y que estas prestaciones deben ser cubiertas por las obras sociales y prepagas (empresas privadas de salud).
La herramienta que fija cuánto pagan las obras sociales y las prepagas a servicios básicos como centros educativos, hogares de cuidado, terapeutas y transportistas es un nomenclador único que fija el Estado.
"En la escuela especial donde va mi hijo, hay personas con obras sociales muy chiquitas al lado de personas con prepagas carísimas porque todos pagan lo mismo; el nomenclador único da igualdad a todas las personas con discapacidad, incluso si no tenés ni prepaga ni obra social (en este caso, existe el sistema público llamado Incluir Salud)".
Cuando este nomenclador no se actualiza con el nivel de la inflación, toda la red de cuidado alrededor de la persona con discapacidad se tambalea porque caen salarios y remuneraciones de médicos, terapeutas, hogares de cuidado y transportistas.
Durante el gobierno de Milei este nomenclador, como otras variables económicas del presupuesto argentino, estuvo "congelado" por varios meses y luego tuvo lo que los familiares de personas con discapacidad consideran aumentos simbólicos.
En el proyecto de presupuesto para el año que viene el oficialismo planteó, además, desregularlo para que no incluya más "valores universales", algo en lo que también debió dar marcha atrás.
"Este gobierno todo el tiempo está queriendo desregular eso porque las prepagas y las obras sociales no quieren que les digan cuánto tienen que pagar; todos quieren pagar lo mínimo", afirma Bassi.
La madre de Lisandro acusa al ministro de Salud, Mario Lugones, de haber querido beneficiar al sector de la medicina privada en desmedro de los familiares y las personas con discapacidad.
BBC Mundo se contactó con el Ministerio de Salud argentino para conocer su versión, pero hasta el momento de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
El camino a la nueva ley
El nuevo proyecto mantiene la vigencia de la norma que regula el empleo protegido para personas con discapacidad y refuerza el respaldo presupuestario para pagar a los prestadores de servicios.
En cuanto a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud y se garantiza la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación.
Aunque el giro de la postura oficial ha sido bienvenido por los familiares de las personas discapacitadas, Bassi considera que hay un daño que ya es irreparable para toda una generación que no recibió sus terapias y sus medicinas en estos años.
"Un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral, tiene que ver si puede caminar y eso se puede saber cuando es chiquito, después ya no. Entonces, tenés una persona que ya no pudo caminar porque no tuvo las terapias que le hicieron falta durante la infancia. No se puede volver atrás y eso es tristísimo".

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Otro problema es que muchas personas que trabajaban en las redes de cuidado de las personas discapacitadas -terapeutas, cuidadores, transportistas- se han dedicado a otros rubros debido a la caída severa en sus ingresos.
"La escuela de mi hijo, por ejemplo, está sostenida con hilitos, y con nosotros que hacemos rifas y colectas y ponemos plata de nuestro bolsillo; si cierra, Lisandro se queda en casa sin hacer nada, sin posibilidad de socializar, de aprender, de que alguien apueste por su futuro; y eso es lo que está pasando, las personas con discapacidad se están quedando encerradas en sus casas".
La "criminalización" de las pensiones
Paralelamente al cambio de normativa que no prosperó, el gobierno argentino realizó una auditoría sobre un millón de pensiones con el objetivo de revisar y dar de baja aquellas que se consideren "mal entregadas".
Este proceso fue acompañado por varias declaraciones de funcionarios públicos que apuntaron en contra del sistema de adjudicación de pensiones.
En julio de 2024, el entonces vocero del presidente, Manuel Adorni, llegó a mostrar una radiografía de un perro que habría sido utilizada para justificar el otorgamiento de una pensión por discapacidad, lo que fue luego desmentido.
Un año después el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que Argentina, en 2001, tenía 75.000 personas con discapacidad y una población aproximada de 36 millones de habitantes. "Hoy tenemos 46 millones. Proporcionalmente, debiera haber 97.000 discapacitados. Hay 1.250.000".
Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) respondió que hasta el año 2003, rigió en el país un sistema que mantenía un número de pensiones fijo: no se entregaba una nueva pensión hasta que no se diera de baja una anterior.
Pero ese año, se abrió el beneficio a todas las personas que pudieran cumplir con los requisitos previstos en la legislación del año 97, lo que implicó, según ACIJ, "que más personas pudieran acceder a las pensiones por discapacidad, no que se incrementara el número de personas con discapacidad".
Para Bassi, el gobierno intentó poner a la sociedad en contra de las personas con discapacidad "con el argumento de que somos carísimos" y que la discapacidad "es un curro (robo)" que paga la gente de su propio bolsillo.
"A la gente no le llega la medicación y si no le llega la medicación a un niño que tiene epilepsia, se muere. Si no te llega la medicación y tenés autismo profundo, te da la cabeza contra la pared. ¿Cómo hacés para que la sociedad tolere esa tragedia? Bueno, los criminalizás".
BBC Mundo se contactó con la Presidencia de Argentina para obtener su posición con respecto al conflicto con el sector de la discapacidad pero no obtuvo respuesta.

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De forma paralela al proceso de revisión de las pensiones encarado por la ANDIS para detectar casos de corrupción en su adjudicación, estalló un escándalo de corrupción en el interior de esa agencia estatal.
En agosto de 2025 se filtraron audios atribuidos al director ejecutivo de esa agencia, Diego Spagnuolo, en los que habla de presuntos pedidos de sobornos en su organismo para la adjudicación de contratos, y menciona desde empresas farmacéuticas hasta funcionarios públicos, incluyendo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente.
La respuesta del gobierno fue desplazar de sus cargos a dos funcionarios de la ANDIS, incluyendo Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado por la Justicia junto con otros funcionarios y directivos de laboratorios.
"Estábamos en plena lucha por la ley de emergencia, yendo a la marcha, cuando me mostraron la noticia", recuerda Bassi, y añade: "Indignante se queda corto, porque llenarse los bolsillos con medicación vital para la vida de personas que no tienen nada es realmente perverso".
La pelea en el Congreso
Además de a marchas y manifestaciones, esta crisis llevó a familiares de personas con discapacidad ha contactarse con líderes políticos, legisladores y gobernadores.
Gracias a esa movilización constante, lograron que el Senado aprobara el 10 de junio de 2025 la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero el 4 de agosto de ese año, el presidente la vetó en su totalidad.
Entonces ocurrió un hecho que llevaba 12 años sin pasar en la política argentina. El Congreso rechazó el veto presidencial en septiembre de ese año (se requerían dos tercios de los votos de los legisladores) y la ley siguió vigente.
Ante ese revés parlamentario, el gobierno planteó la deregación de artículos clave de la ley de emergecia y, además, votó en diciembre de 2025 en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre los derechos, accesibilidad y vida independiente de las personas con discapacidad.
La resolución tuvo 175 votos a favor y solo dos en contra: Estados Unidos y Argentina.

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Valentina Bassi destaca que uno de los desafíos más difíciles para explicar a políticos en particular y a la sociedad en general es el día a día con una persona con un alto grado de dependencia.
"Yo en las marchas me encuentro con mamás y me falta el aire cuando las escucho, porque tienen 24 horas de dependencia, porque sus hijos están conectados a una bomba de respiración o de alimentación, o son electrodependientes. Bueno, esos niños, esas personas, necesitan muchísimos niveles de cuidado".
Diversos surrealismos
En una entrevista con un medio argentino, la actriz había dicho que su hijo no era autista sino "surrealista".
BBC Mundo le preguntó cómo se conjugaban esos dos surrealismos, el de las marchas, el enfrentamiento al poder político y las eternas votaciones en el Congreso con el de Lisandro.
"Uno es una pesadilla, una de terror, y el otro surrealismo es muy luminoso, es muy creativo".
"Para mí Lisandro es mi refugio, porque realmente la palabra autismo nunca nos resonó porque es un término muy médico", asegura.
La actriz confiesa que para ella y para el padre de Lisando, su hijo era un misterio.
"Decíamos, mi hijo tiene un misterio porque es muy misterioso el autismo. No sabés en qué anda su cabeza cuando reacciona, no sabés por dónde. Entonces vos tenés que interpretar todo".
"Y después es tan divertido ver cómo se relaciona con el mundo, porque al no relacionarse con el lenguaje hablado, tenés otras creatividades para relacionarte. A veces me parece mucho más divertido su forma de ser que la nuestra".
Pero la preocuación por su bienestar y su futuro es constante, como la de todos los padres, sumado en el caso de Lisandro a su condición de autista y a los últimos dos años en que toda la familia tuvo que enfrentar las políticas oficiales.
"Yo me duermo preocupada, me despierto preocupada. Hablo con legisladores y ya no tengo ganas de hablar con ningún legislador más. Voy más al Congreso que a la sala de ensayo".
"Pero cuando lo encuentro a él me refugio en su presente, en sus ruiditos, en sus saltitos y, por un momento me olvido de todo lo otro".
"Y eso es lo que creo que me está salvando".
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